Mahle, imágenes de la depredación

La recorrida por la planta fabril de la zona oeste de Rosario es estremecedora: seis millones de aros para pistón -la especialidad del establecimiento- quedaron abandonados en la línea de producción, al igual que equipamiento e insumos que el grupo autopartista alemán decidió dejar en su intempestiva retirada.
Antes de irse, la empresa se llevó en dos camiones "el alma de la planta", tal como definieron los empleados a la información técnica sobre los productos que allí se fabricaban.
La actitud de los empresarios alemanes despertó la lógica y justificada reacción del gobernador Hermes Binner, quien señaló públicamente que señaló que el cierre y abandono de la planta fabril es "absolutamente inaceptable".
Ayer, mientras la UOM nacional sugería a los delegados locales que levantaran el piquete y evitaran mediatizar el conflicto y anunciaba la supuesta existencia de un inversor interesado en reactivar la planta, al cual no se identificó, los empleados mostraban a los medios de comunicación el saqueo perpetrado por el grupo autopartista con sede en Stuttgart.

La planta fue literalmente abandonada por el grupo autopartista alemán.

El senador nacional Rubén Giustiniani recorrió ayer las instalaciones fabriles.

El establecimiento situado en la zona oeste de Rosario fue tomado por los trabajadores.

Frente a la entrada principal se congregan los trabajadores y sus familias.

Enseñanzas de la "cuestión Mahle"

El cierre de la planta fabril que el grupo posee en Rosario no debió tomar por sorpresa al poder político que no quiso o no supo ver las señales que vienen anticipando el problema desde hace aproximadamente dos años

A mediados de 2007, tres meses después de concretada la transferencia de Edival, el bloque oficialista del Concejo Municipal de Rafaela amagó con intervenir y solicitar a Mahle que diera a conocer sus planes de negocios para la región. Se trataba de una iniciativa tan comprometida como prudente, ya que el desembarco del grupo germano se había concretado de manera excesivamente hermética y la única información disponible sobre el futuro de la planta industrial y del millar de puestos de trabajo que de ella dependen, provenían de fuentes indirectas. Sin embargo, la iniciativa que revelada en exclusiva por este periodista a través de un matutino rafaelino, naufragó de manera prematura, muy presumiblemente por una orden expresa del intendente Omar Perotti, quien no supo o no quiso ver el problema que se estaba gestando y que hoy sale a la luz con el cierre de las instalaciones de Rosario.
La falta de información oficial sobre los planes del grupo germano no hacía más que multiplicar las versiones sobre probables ajustes, cierres de establecimientos fabriles y despidos de personal, aunque para los rafaelinos había una preocupación adicional, puesto que se temía que en su afán expansivo, Mahle desplegara una guerra comercial contra la otra proveedora de válvulas para motor, algo que la hubiera beneficiado pero que hubiera resultado muy negativa para la comunidad.
Los intentos nunca desmentidos por adquirir a su competidora no solamente en el mercado doméstico sino también global, daba mayor entidad a la inquietud que el intendente Perotti y sus colaboradores se empeñaron en ignorar, frustrando la convocatoria que el Concejo Municipal rafaelino, a instancias del bloque oficialista, planeaba formular a ejecutivos de alto rango del grupo alemán para que explicaran qué pensaban hacer.
La indiferencia hacia el problema que se estaba gestando no fue exclusividad de las autoridades políticas rafaelinas: la presencia en territorio provincial de dos plantas pertenecientes al grupo Mahle de las cuales dependen en forma directa casi 2 mil puestos de trabajo, hubiera bastado para que el gobierno provincial interviniera en el asunto, aunque recién lo hizo a través de la secretaría de Trabajo, cuando los despidos y ajustes hicieron que fuera imposible que siguiera manteniéndose al margen.
No debe dejarse de mencionar, sin embargo, el fugaz contacto que mantuvo en agosto de 2008 en Rafaela el gobernador Hermes Binner con delegados gremiales de la planta rosarina que perteneciera a Dana y que hoy Mahle pretende cerrar, toda una excepción en esta larga cadena de desatinos cometidos por el poder político.
Cuando se concretó el traspaso de la ex Edival al grupo germano no faltaron quienes se apresuraron en presentar el caso como una muestra más de la fortaleza de la industria rafaelina capaz de “atraer a inversores de primer nivel mundial”, sin advertir que este en realidad se proponía quitar del mercado global a un molesto competidor, circunscribiéndolo al mercado latinoamericano y sometiéndolo a los dictados y necesidades de la filial de Brasil.
La “cuestión Mahle”, como se la denomina ahora en círculos políticos y empresariales, deja una enseñanza que no por repetida suele ser atendida: la adquisición de empresas nacionales no puede ser tomada livianamente, sino que merece toda la atención de parte del Estado en cada uno de sus niveles.

Adepa y el silenciamiento de El Tiempo

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), entidad que desde hace 47 años nuclea a la gran mayoría de de los diarios, periódicos y revistas del país, emitió un crítico documento sobre la situación que vive la prensa nacional.
El pronunciamiento que es considerado como uno de los más enérgicos de las últimas décadas, se dio a conocer en pleno proceso de silenciamiento de El Tiempo, uno de los periódicos de mayor trayectoria en Sunchales.
El texto completo del documento es el siguiente:

"En sintonía con el serio debilitamiento institucional que se observa en varios aspectos de la democracia argentina, en los últimos seis meses la situación de la libertad de prensa se ha deteriorado gravemente.
Como muchos otros países de nuestro continente, la Argentina padece una baja calidad institucional. La vigencia de una democracia formal no alcanza a disimular la falencia de su funcionamiento por defección de algunos de sus protagonistas.
La prensa, como institución social, sufre también los sinsabores que provoca una cultura política que no ha alcanzado a desterrar plenamente ciertos rasgos de autoritarismo.
En tal contexto de crisis republicana, puede afirmarse que la actividad de los medios se desenvuelve con serios condicionamientos. Se manifiestan, en algunas oportunidades, en presiones abiertas o solapadas, interferencias en las comunicaciones, trabas a la circulación física de los periódicos, agresiones verbales con destinatarios directos, o amenazas fiscales y regulatorias.
Otra preocupante expresión se encuentra en la distribución arbitraria, a veces interesada, de la publicidad oficial, beneficiando o castigando a los medios según el tono de su contenido editorial.
Tenemos la cruda certeza de que un diario se acalla mediante el estrangulamiento económico. Muchas hojas de todos los rincones del país, algunas centenarias, y todas honradas por el servicio diario que prestan a la comunidad en que circulan, se encuentran en peligro de extinción. Con diarios empobrecidos, se dificulta la libertad de prensa. Pero, con diarios enriquecidos por el favor oficial la libertad de prensa directamente desaparece.
La prensa está en crisis, en el mundo y entre nosotros. Mientras en los países desarrollados se dictan medidas para preservarla, por su valor institucional estratégico, aquí el Estado parece desentenderse de su destino; peor aún, lo compromete.
Resulta asfixiante la persecución fiscal a la que están siendo sometidos los medios de la Argentina. Esto es especialmente dramático para los pequeños y medianos del interior. Como lo ha señalado nuestra entidad en una solicitada, se encuentra en juego la propia existencia de centenares de publicaciones que, desde las más diversas geografías del territorio nacional, contribuyen a la pluralidad informativa y al fortalecimiento de la ciudadanía. Dicha presión de la AFIP, que desconoce recursos en trámite por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, parece exceder un propósito meramente recaudatorio, ocultando un designio persecutorio.
El periodismo es visto por una parte del gobierno como un enemigo a derrotar. Por eso, la compra de medios a través de adláteres, el financiamiento de grupos adictos y la cooptación económica de otros. La cuestión es articular un contrapolo periodístico con los medios del Estado, los propios y los cooptados.
Otro capítulo preocupante está dado por lo que algunos funcionarios llaman "la madre de todas las batallas", al referirse al proyecto de ley de medios audiovisuales, lo que tendría que ser una instancia de profundo debate.
En él es imperioso resguardar ciertos principios básicos de nuestro ordenamiento constitucional ya señalados por ADEPA, tales como a) la no regulación de contenidos periodísticos; b) el respeto a la situación actual de los medios, sin legislar retroactivamente, preservando el pluralismo y la diversidad existentes; c) evitar la discrecionalidad en la autoridad de aplicación; d) garantizar seguridad jurídica. Lo expuesto debe resultar del debate de ideas, no concebido como una batalla. Pero genera suspicacias el momento, el contenido y el ámbito en el que se da esta discusión, máxime cuando se omiten temas pendientes tales como la regulación de la publicidad oficial, la ley de acceso a la información o el manejo no gubernamental de los medios públicos.
Resulta, cuanto menos llamativo, que temas como la inseguridad, la problemática juvenil y la ley de radiodifusión, entre otros, que durante casi seis años el gobierno ignoró, sean ahora instalados para el debate. El buen criterio indica que en campaña electoral se formulen propuestas y se evalúe la gestión de gobierno. Los temas trascendentes para la vida de los ciudadanos merecen un marco de tranquilidad y cordura que no se advierte en estos momentos.
En declaraciones oficiales respecto de las "candidaturas testimoniales", se ha dicho que éstas eran inventos de los "medios de incomunicación". La descalificación es absoluta. Y responde a la vivencia de "estar en guerra" con todos aquellos que no se someten a la visión y a los designios gubernamentales. En las sociedades en las que la comunicación oficial es altamente centralizada, los cambios políticos suelen ser convulsivos, porque no permiten el diálogo cotidiano que posibilita la evolución pacífica a la luz de las circunstancias sociales siempre cambiantes. En nuestra apelación a la conciencia pública, depositamos en el juicio ciudadano la confianza de la propia libertad de prensa.
Pocos países del mundo, y ninguno del tamaño relativo de la Argentina, pueden mostrar tantos y tan diversos medios de comunicación en los distintos soportes tecnológicos. Medios que hacen un gran esfuerzo por mantener vigente su legado muchas veces centenario, u otros más recientes que se esfuerzan por encontrar su equilibrio operativo todos los días. Medios que dan trabajo, que reflejan nuestra identidad y que se transforman en espacios imprescindibles, cada uno desde su visión editorial, para el debate de la cosa pública.
Medios que se someten todos los días al escrutinio de la opinión pública y que no están llamados a disputar el poder político. Medios que asumen el compromiso social de difundirlo, examinarlo y criticarlo, representando así a la multiplicidad de voces de la sociedad civil.

Para la Provincia el tipo de cambio depende de cada cadena de valor

El ministro de la Producción, Juan José Bertero, considera que no es la única variable a tener en cuenta para mejorar la competitividad industrial. También alerta sobre los incrementos en los costos que podría provocar una nueva devaluación

La administración socialista no quiere quedarse al margen del reposicionamiento que impone la coyuntura económica y ayer, su ministro de la Producción, tomó distancia de quienes reclaman un “dólar alto”. Concretamente, con relación al tipo de cambio, el funcionario señaló que “es un tema sobre el cual no hay una sola opinión válida sino un abanico de posiciones que deben ser tomadas en cuenta”. A modo de ejemplo, señaló que “cuando una cadena de valor tiene un bajo nivel de competitividad, necesita forzosamente un dólar alto; mientras que cuando la eficiencia industrial es mayor, otras variables adquieren igual o mayor importancia. El caso de las empresas que durante la vigencia de la Convertibilidad lograron mantener e incluso expandir sus mercados externos, lo demuestra claramente”.
Por otro lado, para el ministro, “las empresas que lograron alcanzar un ciclo productivo más eficiente pudieron incluso aprovechar mejor el tipo de cambio fijado tras la devaluación. Por eso estoy convencido que los industriales pueden apostar al tipo de cambio favorable y también a la variable de innovación tecnológica”.
En definitiva, para la provincia hoy la cuestión está atada a las particularidades de cada cadena de valor, porque según expresó el ministro Bertero, “las necesidades de cada una, en materia de tipo de cambio, son radicalmente diferentes”.
El funcionario advirtió también que una devaluación como la que piden muchos dirigentes industriales podría generar un incremento de costos de producción que dejaría fuera de competencia a una cantidad importante de pymes.
Las críticas de la UIA
Bertero también celebró la actualización instrumentada tras la renovación de sus autoridades del discurso de la Unión Industrial Argentina (UIA). “A través de las últimas declaraciones se puede entrever que la entidad fabril se ha puesto algo más rígida con respecto a la política productiva desarrollada por el Gobierno nacional. Me parece que estas cosas son lógicas en un contexto cambiante como el actual”, precisó el funcionario provincial, cuando Punto Biz lo consultó sobre el endurecimiento de la relación que mantienen la UIA y la administración nacional.
Bertero señaló al respecto que “cuando las cosas eran más positivas, con un PBI y un nivel de actividad crecientes, el discurso era más flexible y cuando las cosas se volvieron más complejas y las empresas comenzaron a ver que el Gobierno no les da respuesta a sus necesidades, es lógico que se haya endurecido, especialmente en cuestiones como el tipo de cambio que la UIA pretende que sea más alto”.
“Hay dos temas que generan fricciones entre la UIA y el Gobierno nacional, el tipo de cambio y la retención del empleo. Personalmente creo que las dos partes deben promover un espacio de diálogo de calidad, donde cada actor sea capaz de ver el conjunto, más allá de sus intereses sectoriales”, agregó.

Ausencia de autoridades de la Fundación

La ausencia forzosa de las máximas autoridades de la Fundación Observatorio Pyme generó algunos equívocos en el lanzamiento del Observatorio Pyme Regional Rosario. Ni el presidente ni el director de la entidad integrada por la Università di Bologna, Techint y la Unión Industrial Argentina, pudieron participar del acto desarrollado ayer en la Agencia de Desarrollo Región Rosario que en cambio contó con la presencia del gobernador Hermes Binner, el intendente Miguel Lifschitz, el ministro de la producción Juan José Bertero y la secretaria de la Producción Clara García.
En el caso del presidente de la entidad, el empresario rafaelino José Luis Basso, se vio imposibilitado a último momento de participar por cuestiones ligadas a su actividad industrial, más concretamente, al sostenimiento de una teleconferencia con autoridades de la casa matriz de Peugeot en Francia, automotriz a la cual provee de válvulas para motor. Vicente Donato, el director de la Fundación, en tanto, no pudo viajar porque se está reponiendo de una intervención quirúrgica.
La Fundación Observatorio Pyme se encuentra desarrollando una red de observatorios regionales a lo largo y a lo ancho del país, de la cual forman parte las sedes abiertas en nuestra provincia y que se encuentran ubicadas en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista.

Sobre mi desvinculación con Castellanos

En respuesta a las consultas recibidas, puedo decir, a modo de primera declaración sobre el tema, que mi desvinculación con la empresa Castellanos SRL, editora de diario Castellanos y semanario El Tiempo, se debe ante todo a diferencias profesionales irreconciliables que a lo largo de los últimos meses provocaron un conflicto no solamente conmigo sino con la mayoría de los periodistas de la sección de información local de la redacción.
Dicho conflicto, basado casi exclusivamente en cuestiones de índole periodística, desencadenó por parte del director de Castellanos y su socio, el empresario Guillermo Remonda, una persecución de los periodistas que no aceptaron las presiones y se mantuvieron fieles a los principios que rigen la profesión.
Poco a poco, los compañeros que no aceptaron ser reducidos al denigrante papel de escribas de brulotes grotescos dirigidos a presionar o perjudicar a tal o cual personaje público de la ciudad y la región, se vieron marginados de manera sistemática: los casos de Francisco Marzioni, a quien se lo castigó por informar que el intendente Omar Perotti fue objeto de un escrache por parte de productores rurales, confinándoselo a la sección de noticias sociales y el de Oscar Romero, quien debió soportar estoicamente la campaña de prensa orquestada de manera obsesiva por Remonda para brindar "protección" al jefe de la Unidad Regional V de Policía, fueron parte de una cadena de acciones destinadas a vaciar de capital intelectual y ético a Diario Castellanos con el objeto último de ponerlo al servicio de intereses particulares y sectoriales que nada tienen que ver con el interés general de la comunidad.
Como jefe de redactores y en virtud de mi antigüedad dentro de la empresa, mi silenciamiento fue progresivo, desplazándoseme en primer lugar de la jefatura de redacción -papel que comenzaron a cumplir en forma conjunta Visconti y su socio Remonda, en reuniones de redacción insufribles donde se le decía a cada periodista qué debía o no debía informar- para relevarme después de la redacción de las columnas editoriales y finalmente, por orden directa de Remonda, impedir toda publicación que llevara mi firma. Paralelamente la empresa interrumpió la publicación de la revista industrial Centro Productivo y del semanario El Tiempo, publicaciones de las cuales soy fundador y en las que me desempeñé como director durante años. En lo personal hubo varias cuestiones que me apartaron de la "línea editorial" impuesta de manera inconsulta e incontestada por la dirección ejercida en forma conjunta por Visconti y Remonda, aunque por el momento citaré solamente algunas: la inclusión bajo el seudónimo de Luis de Palacio -sin duda un alarde de ingenio- de notas políticas redactadas por un funcionario municipal y el intento frustrado de Remonda de impedir la publicación de una noticia que daba cuenta de un ataque antisemita a la sede de la comunidad judía de Rafaela.
Obviamente también hubo una gran cantidad de hechos noticiosos y cartas de lectores censurados de manera vergonzosa y simplemente porque no se ajustaban a los intereses perseguidos por los editores.
Todos estos hechos hicieron que me alejara irremediablemente de la línea editorial -si es que así puede llamarse- restando solamente mi desvinculación laboral con la empresa que me despidió fácticamente aunque todavía no de manera formal.
Naturalmente, quedan muchas cosas por revelar aunque si lo hago será con el objetivo de que se sepa la verdad y no con ánimo de venganza. En diario Castellanos se produjo, a lo largo de los últimos meses, un brutal proceso de vaciamiento intelectual y moral que la comunidad de Rafaela y la región debe conocer.

Nueva propuesta informativa

Comunicamos que ante la interrupción arbitraria de la publicación de El Tiempo de Sunchales, dispuesta hace aproximadamente veinte días por Castellanos SRL, la empresa editora; los periodistas afectados por esta injustificada e irracional medida nos encontramos trabajando para presentar a la brevedad una nueva propuesta informativa a los lectores y a la comunidad en general.

Pavimento: una propuesta que cataliza el descontento general

Concebido como una forma de revertir la falta de un programa de obras públicas que se encuentre a la altura de las necesidades y las demandas de la ciudad, el plan de pavimentación de 16 cuadras mediante un subsidio nacional no hizo más que exacerbar el descontento de la comunidad

Lo que en principio debía representar el gran anuncio de la gestión vecinalista terminó por transformarse en un catalizador del descontento que predomina en la comunidad sunchalense: desde que la propuesta de pavimentar unas 16 cuadras con fondos provenientes de la Nación fue presentada a través de una rueda de prensa encabezada por el intendente Oscar Trinchieri, los reclamos comenzaron a multiplicarse en forma incesante.
Más allá del cuestionamiento básico que esta forma de administrar los recursos públicos representa, las quejas de los vecinos están dirigidas a la forma inconsulta con que la administración vecinalista decidió la nómina de cuadras a pavimentar. El lógico malestar de quienes esperan el pavimento desde hace décadas se ve exacerbado por la arbitrariedad utilizada por los funcionarios municipales para decidir qué calles se asfaltarán.
Otro de los cuestionamientos expresados por los vecinos es la gratuidad que la obra tendrá para los frentistas, decisión que profundiza las dudas existentes sobre los criterios utilizados para definir la nómina de cuadras que serán asfaltadas. Demostrando rápidos reflejos, la oposición recogió este reclamo y propuso que el subsidio que supuestamente la Nación remitirá al Municipio pase a engrosar un fondo que servirá para financiar un programa de pavimentación de calles.
La idea de la oposición política en el Concejo es justamente establecer las bases de un programa de obras públicas de mediano y largo plazo que trascienda la coyuntura, las necesidades electorales de la gestión de turno y brinde la transparencia y previsibilidad que los vecinos reclaman en cuestiones básicas como pavimento y vivienda. Se trata de una propuesta que contradice en forma expresa los criterios seguidos por el intendente Trinchieri y que en resumidas cuentas plantean que en nuestra ciudad no se pueden llevar adelante programas de pavimentación de calles con recursos propios, ni siquiera con la contribución de los vecinos, sino solamente con el financiamiento provincial o nacional.
Obviamente, la confrontación de una perspectiva cortoplacista con otra de mediano plazo, previsible y sustentable, no solamente está destinada a ofrecer al electorado un contraste sobre formas contrapuestas de concebir la función pública, sino también, una alternativa que trascienda el alcance de una gestión nacional que muy probablemente comience a declinar en los próximos meses.
En efecto, si las obras estructurales que la ciudad necesita dependen de la suerte del kirchnerismo, una corriente interna del PJ que comienza a perder apoyo partidario y general a nivel nacional, el desarrollo de Sunchales se verá constantemente condicionado por los avatares políticos nacionales.
La realidad demuestra que las ciudades que lograron desarrollarse exitosamente a lo largo de las últimas décadas, entre ellas la vecina Rafaela, debieron hacerlo independientemente de los contextos nacionales favorables o desfavorables. Sunchales no tendría por qué ser la excepción y el estancamiento que sufrió en los últimos veinte años, sobre todo en materia de infraestructura pública, lo demuestra con claridad.
Por otro lado, como dije en el momento en que la propuesta salió a la luz pública, al vecinalismo no le resultará fácil convencer a los sunchalenses que apoyen la cuestionada gestión de Cristina Fernández ya que la ciudad, al igual que la gran mayoría de las localidades del interior del país, padece los efectos de una política económica centralista que está devastando las economías regionales.
Más allá de la desinformación reinante, el sunchalense promedio es consciente que la administración nacional no lo representa y que hasta incluso contaría sus intereses, como se ha visto, además del conflicto agropecuario, con casos puntuales como el desmantelamiento del sistema previsional mixto y el consiguiente cierre de Unidos AFJP, una de las principales fuentes de trabajo de la ciudad.

El vecinalismo se plebiscita a través de la candidatura de Madoery

Como es tradición, el partido de la familia Trinchieri recurre a miembros del gabinete de gobierno para conformar su lista de candidatos para el Concejo. En esta oportunidad, el primer lugar de la nómina fue reservado al multisecretario Héctor Madoery

La de septiembre será una dura prueba electoral para el vecinalismo que otra vez vuelve a recurrir a miembros del gabinete para cubrir una lista de candidatos digitada por el intendente Oscar Trinchieri, dejando la desnudo una debilidad institucional que no es nueva. Acuciado por la falta de resultados concretos y un creciente cuestionamiento de la comunidad, el líder vecinalista decidió echar mano a la figura más importante de su equipo de colaboradores, cumpliendo con la orden formulada por la cúpula del kirchnerismo de transformar la elección legislativa en una suerte de plebiscito de la gestión de Cristina Fernández.
La postulación de Madoery, sin embargo, encierra un deseo del intendente Trinchieri de restarle protagonismo a la única figura que hoy podría disputarle un espacio de poder tanto dentro del gobierno como del propio partido. El precedente de Adriana Ghiberto, quien hace unos años atrás osó cuestionar el liderazgo incontestado de la familia Trinchieri en la estructura partidaria, actitud que terminó por marginarla de la actividad pública, parece encajar a la perfección en el caso de Madoery, aunque obviamente habrá que esperar el desarrollo de los acontecimientos para determinar cuál será la suerte del multifuncionario.
Secundando a Madoery, Trinchieri ubicó en esta oportunidad a otro miembro de su gabinete de gobierno, el subsecretario de Comunicación, Elvio Saravia, quien afronta fuertes cuestionamientos por parte de la oposición política y de la comunidad en general por encontrarse involucrado en la adquisición de merchandising por sumas elevadas que no se ajustan al contexto económico actual y que incluso podría haber violado las normas contables vigentes.
Saravia ya se había visto involucrado en la contratación de publicidad oficial en un medio de comunicación de su propiedad, hecho que aún no ha sido investigado convenientemente ni por las autoridades de gobierno ni por la Justicia competente.
Según algunas fuentes del oficialismo, la postulación de Madoery no tendría otro objetivo que facilitar la llegada de Saravia al cuerpo deliberativo, dado que el secretario de Gobierno renunciaría en caso de resultar electo, resolviendo los problemas de imagen pública que aquel tiene y que le impiden ocupar el primer puesto de la lista de candidatos.

Ausente tras casi veinte años
Las principales novedades de estas legislativas serán la ausencia por primera vez en casi dos décadas de un verdadero histórico, el concejal de la Democracia Progresista Néstor Mosso y las internas del Frente Progresista. Poniendo fin a un ciclo de aproximadamente veinte años, el partido de Lisandro de la Torre recurrió a otro histórico para reemplazar a Mosso, Eliodoro Chinellato, quien será secundado por Cristina Morero y Eldo Delpuppo.
La lista encabezada por Chinellatto tendrá la difícil misión de preservar la condición de primera minoría que hoy tiene el bloque del PDP en el Concejo Deliberante.

Una compulsa que fortalece al Frente
En el caso del Frente Progresista, la compulsa entre radicales y socialistas debilitará de alguna manera a los primeros aunque indudablemente terminará beneficiando a la coalición que aspira no solamente imponerse en las legislativas sino también volver a ser gobierno dentro de poco más de dos años.
Tal como se preveía y dejaron entrever las principales figuras de los dos partidos, el enfrentamiento interno terminó siendo la alternativa más aceptable para conformar la lista de candidatos al Concejo Deliberante.
El crecimiento de la figura de la concejala Cecilia Ghione, quien aparece como una de las líderes de la oposición política sunchalense, hizo que cualquier intención de relegarla a un segundo lugar de la nómina naufragara. Como se sabe, el radicalismo deseaba mantener ese lugar, reservándolo para Leandro Lamberti, quien fuera candidato a intendente hace dos años y perdiera por un escaso margen de sufragios.
La imposibilidad de llegar a un acuerdo hizo que Lamberti y Ghione deban enfrentarse para determinar quién ocupara el primer lugar de la lista, hecho que sin dudas acaparará la atención de la mayoría de los votantes.
La conformación de la nómina radical que se completa con el ex secretario de Gobierno, Leopoldo Bauducco y María Luisa González, no fue sencilla, frustrándose a último momento la incorporación del secretario general del sindicato de trabajadores municipales, Adrián Bertolini, quien no fue tenido en cuenta debido a cuestionamientos internos sobre su figura.

El abrazo del oso

Presionado por una opinión pública cada día más desfavorable, el intendente Oscar Trinchieri se lanzó definitivamente y en el peor momento, a los brazos del kirchnerismo. A cambio de una promesa de fondos para concretar un más que moderado programa de repavimentación de calles, cuyo cumplimiento obviamente está atado al resultado electoral de junio próximo, el mandatario expresó su lealtad al “ex presidente en funciones” Néstor Kirchner.
Como su sinuosa trayectoria de compromisos y traiciones no lo ayuda, Trinchieri debió dar una “prueba de amor”, imponiendo a su colaborador más cercano y eficiente como cabeza de lista en los comicios municipales donde créase o no, el vecinalismo se plebiscitará a sí mismo para sumar adhesiones a la desdibujada gestión de Cristina Fernández.
La riesgosa jugada no sorprende ni a oficialistas ni a opositores, puesto que Trinchieri se encontraba huérfano y sin apoyo provincial ni nacional que le permitiera hacer frente a una comunidad que maduró en el último lustro y no solamente exige resultados sino también transparencia.
El acuerdo sellado es similar al que cientos de intendentes de todo el país debieron aprobar a lo largo de las últimas semanas, bajo la imposición de una dirigencia en retirada que es perfectamente consciente de la debilidad extrema que padece.
Obviamente soporta fuertes cuestionamientos éticos puesto que se sustenta en un conflicto de intereses que enfrenta a la administración nacional con el interior del país. En efecto, suponiendo que algún día llegaran a concretarse, las 16 cuadras de pavimento anunciadas por el mandatario municipal representarían una burla si se las compara con el aporte que la ciudad y su zona de influencia realizan a las arcas del Tesoro nacional.
Desde el punto de vista electoral el acuerdo con el kirchnerismo resulta sumamente riesgoso, puesto que debilita aún más la imagen de la gestión municipal y la enfrenta directamente con los productores agropecuarios, un sector que tiene una alta incidencia en el desarrollo de nuestra ciudad.
Resulta difícil imaginar de qué manera el mandatario y sus colaboradores políticos más estrechos –Héctor Madoery y Elvio Saravia- se las arreglarán para convencer a un electorado ansioso por castigar al gobierno nacional que en realidad deben darle el apoyo a cambio de la promesa de la pavimentación de un reducido grupo de calles.
Eso no es todo, porque si es altamente probable que el acuerdo con el kirchnerismo no beneficie al vecinalismo, sino que por el contrario, lo perjudique, existen sobradas razones para pensar que tampoco habrá de resultar provechoso para la gestión presidencial, puesto que no se trata más que de un manotazo de ahogado que difícilmente pueda frenar la ola de rechazos que presumiblemente tomará forma en las urnas hacia fines de junio.
Lo más probable es que el acuerdo no sea más que un intento vano y de última hora para engañar a un electorado que quiere previsibilidad y no pases mágicos que permitan la realización de obras imprudentemente postergadas a cambio de lealtades políticas que saldrán demasiado caras a la ciudad.

Aviso a los lectores de El Tiempo

Por decisión de la empresa propietaria -CASTELLANOS SRL- la publicación de El Tiempo se verá interrumpida hasta nuevo aviso. Tal medida arbitraria e injustificada que atenta contra el derecho a la libre expresión y a la información de la comunidad sunchalense, entrará en vigencia a partir de hoy lunes 6 de marzo, cuando por primera vez en casi trece años de existencia no se imprimirá el periódico. Invitamos a los lectores a solidarizarse con los periodistas de El Tiempo y expresar su rechazo a este nuevo silenciamiento de la prensa independiente.

Fernando Garello
Director Periodístico

El legado de Alfonsín

El deceso del ex presidente Raúl Alfonsín echa luz sobre la decadencia institucional que padece nuestro país. En 25 años la democracia argentina no solamente no se consolidó sino que por el contrario, se debilitó hasta extremos alarmantes. En este contexto, la figura del ex mandatario fallecido agiganta el contraste con sus predecesores y especialmente con la forma en que se ejerce la función pública en la actualidad.
Si bien es cierto que desde 1983 a la fecha no hubo interrupciones en la sucesión democrática, esto no basta por sí solo para hablar de calidad institucional. En rigor, además de las entregas del poder anticipadas, hubo anticipación de elecciones, como volverá a acontecer este año, hechos que demuestran que la democracia argentina no ha logrado hacer pie de manera definitiva.
Sin embargo, más allá de estas cuestiones formales, el peligro mayor de las instituciones argentinas está dado en la vocación autoritaria de la administración actual y del partido político que representa que tuvo la habilidad para echar por tierra los tímidos avances que se dieron a lo largo del último cuarto de siglo.
El caso de la renuncia del titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, es el más reciente de una serie de embates contra la transparencia institucional. Este órgano debería controlar la gestión nacional pero como señaló el funcionario renunciante, el gobierno de Cristina Fernández, a través de la Procuraduría General de la Nación, hace todo lo posible para que se vea impedido de cumplir con su cometido.
El incremento exponencial de la corrupción enquistada en las instituciones de gobierno y en las fuerzas de seguridad necesita de contralores lábiles que sepan guardar discreción y mirar para otro lado. La consecuencia directa es la vulnerabilidad a la que se ven sometidos los ciudadanos rasos, esto es, la enorme mayoría de argentinos que no cuentan con la protección de los funcionarios de turno.
Ciertamente esto no es nuevo pero en los últimos cinco años se ha profundizado de manera alarmante. Los índices de inseguridad así lo demuestran, ya que nunca se sabe hasta qué punto los delincuentes cuentan con el respaldo de las fuerzas policiales y hasta del poder judicial. El narcotráfico se sirve de los poderes que deberían combatirlo para extender su podredumbre sobre el cuerpo social.
El cuadro se completa con una intervención directa del Estado sobre los medios de comunicación, limitando la libre expresión y afectando el derecho básico a la información. La compra de radios, periódicos y canales de TV por parte de testaferros del poder deja a los argentinos en manos de manipuladores inescrupulosos que desinforman y engañan la fe pública.
El silenciamiento de periodistas prestigiosos como Nelson Castro, a quien simpatizantes del kirchnerismo impidieron continuar con su programa radial se suma a hechos vergonzosos y grotescos como el atentado que sufriera la emisora de amplitud modulada de la ciudad chaqueña de Charata y las interferencias a las señales del Grupo Clarín en la provincia de La Pampa.
Quizá el último acto de grandeza del ex presidente haya sido expirar en un contexto marcado por la descomposición institucional, llamando la atención de una sociedad tan atribulada como descreída.
La desaparición de Alfonsín estimula a esta nación agobiada para que vuelva a los cauces naturales de la democracia donde los valores fundamentales de la coherencia y transparencia no pueden ser dibujados como las estadísticas oficiales del Indec.

Golpe a la política de seguridad: roban $35 mil de la Municipalidad

El hecho perpetrado durante el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas dio el golpe de gracia a la política de lucha contra el delito de la gestión del intendente Oscar Trinchieri que ya había sido fuertemente cuestionada por los vecinos mediante la creación de una junta de seguridad paralela a la gubernamental

Si algo le faltaba a la cuestionada política de seguridad que lleva adelante la administración municipal era ser víctima de un robo y el pasado jueves, durante la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un grupo de desconocidos que al parecer contaban con información sumamente precisa, ingresaron al municipio y se alzaron con 35 mil pesos en efectivo tras violentar la caja fuerte en donde el dinero se hallaba.
El hecho que está siendo investigado por las autoridades competentes no solamente confirma las críticas formuladas por los vecinos que participaron de la asamblea convocada por el Centro Comercial, Industrial y de la Producción, sobre la falta de una política efectiva de lucha contra el delito, sino que además genera fuertes sospechas sobre la existencia de un entregador en la propia administración municipal.
Esto es así porque el robo se produjo en circunstancias singulares, dado que se produjo un día feriado en el que casualmente no había sereno ni ningún sistema de alarma que resguardara la fuerte suma de dinero que se encontraba en la secretaría de Hacienda.
La pregunta que muchos se hacen es por qué las autoridades municipales dejaron prácticamente sin ningún tipo de medidas mínimas de seguridad una fuerte suma de dinero en efectivo durante un día feriado, facilitando el accionar de los delincuentes.
El propio secretario de Gobierno, Héctor Madoery, funcionario que descubrió el hecho el día jueves y dio aviso a la fuerza policial, reconoció que los delincuentes contaron con información sumamente precisa sobre la existencia del dinero y la carencia casi total de seguridad.
Madoery relató que al llegar al municipio vio una puerta entreabierta, “en una situación que no es normal. Me dirijo hacia ese sector y observo un gran desorden en la Secretaría de Hacienda. En el interior había varias puertas violentadas y un gran desorden. De inmediato llamé a la policía. Poco después constatamos que los cacos fueron directamente a la caja fuerte, la que lograron abrir de un modo altamente profesional”.
El funcionario agregó que “quienes actuaron aquí dieron muestras de haber hecho un trabajo de inteligencia previo importante. Sabían que en la caja tenía que haber dinero. Por ejemplo hoy –por el jueves- teníamos que hacer los pagos del PAS (Programa de Asistencia Social) que se abona en efectivo. Alguien sabía que había dinero sí o sí”.
También precisó que lo robado suma 35.752 pesos y explicó que “no todo es dinero de la Municipalidad. Por ejemplo había plata que estaba en guarda y que corresponde a instituciones de bien público”.
Vinculación con otros robos
Si bien en un primer momento se intentó vincular el hecho a otros robos perpetrados en mutuales de las localidades de Gessler y Sarmiento, en rigor todavía no hay pruebas que demuestren que todos los golpes fueron protagonizados por los mismos delincuentes.
Por el contrario, la proximidad de las dos localidades cuyas mutuales fueron robadas bajo la misma modalidad, hace presuponer que se trató de la misma banda.
El caso de Sunchales es diferente puesto que a diferencia de las mutuales, donde suele haber dinero depositado, es realmente improbable que exista una suma de dinero semejante en la sede de una administración municipal y prácticamente sin ningún tipo de seguridad adicional.
A la oposición política no se le puede pasar por alto ese detalle que deja en evidencia la existencia de un entregador que sería parte del propio poder Ejecutivo Municipal, ya que cuenta con información sobre movimientos de fondos que por razones lógicas suele ser confidencial.


Otro hecho nunca esclarecido
Esta no es la primera vez que la gestión de Oscar Trinchieri se ve envuelta en un hecho delictivo que siembra sospechas sobre sus integrantes. Hace varios años se produjo el robo de la recaudación de los carnavales, hecho que todavía no fue esclarecido. En esa oportunidad, el entonces secretario de Hacienda, José Miretti, realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales y si bien en un principio se inculpó a un miembro de la organización del espectáculo, este fue sobreseído sin que se lograra identificar a los responsables del delito.
Durante la investigación se logró determinar que el dinero desapareció en el camino del corsódromo al Palacio Municipal y si bien se sospechó sobre la participación de algún funcionario municipal, nunca se llegó a determinar su identidad.