El deterioro creciente de la actividad industrial sobrepasa el plan de contingencia diseñado por el gobierno nacional y plantea el siempre traumático salvataje de empresas caídas en desgracia.
¿Quién no quiere salvar una empresa? La tentación de convertirse en héroe es demasiado fuerte, especialmente para dirigentes políticos embarcados en campañas electorales. El problema es que implica un desafío que requiere, además de voluntad, una buena dosis de realismo. La crisis de la economía mundial fuerza a las administraciones estatales -cualquiera sea su ideología política-, a agudizar el ingenio para evitar el cierre de establecimientos industriales y el consecuente despido de miles de trabajadores, tal como revela lo acontecido en Mahle Rosario, un caso que más allá de sus particularidades, puede ser considerado como “tipo” en el interior de nuestro país.
El cierre y posterior “salvataje” de empresas reaviva el debate sobre el papel del Estado en la economía, una cuestión que nunca termina por definirse completamente y en este caso, se da apurada por una cuenta regresiva que no se puede soslayar y que requiere más eficacia que coherencia argumental.
Si bien se trata de un problema global, la realidad de cada país termina influyendo en el desencadenamiento de los hechos. A modo de ejemplo, hay que contrastar el muy distinto caso de las automotrices norteamericanas, a las cuales el gobierno de Barack Obama se dispone a “salvar”, que el caso de empresas criollas como Paraná Metal o las más recientes, Mahle Rosario y la ex papelera Massuh, reactivada con fondos de la Anses y puesta al mando del polémico secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.
Mientras Washington da forma a un plan de salvataje que además de dinero contante y sonante incluye la exigencia de una estrategia de desarrollo off shore destinada a asegurar un nivel mayor de competitividad de las tradicionales terminales automotrices norteamericanas; en nuestro país, el gobierno nacional, echa mano al denominado Programa de Recuperación Productiva (Repro), en rigor, una línea de subsidios “al modo kirchnerista” –esto es, en forma indiscriminada y sin control- que en realidad apunta a que las empresas puedan capear un temporal en lugar de resurgir de sus propias cenizas.
Si la asistencia no funciona o no resulta suficiente para evitar la quiebra, los funcionarios nacionales se abocan a la estatización de la compañía malograda o a la búsqueda de un comprador, algo sumamente difícil en el contexto recesivo actual, obteniendo resultados tan dispares que ponen en evidencia el grado de improvisación con el que se actúa.
El caso de Mahle resulta paradigmático a estos efectos, dado que los alemanes perciben los subsidios estatales denominados “repro” mientras llevan adelante un feroz plan de ajuste que incluye el cierre del complejo fabril de Rosario, causando casi medio millar de despidos. La polémica alternativa de subsidiar con fondos públicos a multinacionales que no trepidan a la hora de “levantar vuelo”, incluso fue criticada por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), sin que su reclamo, como ya es casi tradición, fuera siquiera atendido por las autoridades nacionales.
En este punto conviene preguntarse si este tipo de programas mixtos, ceñidos a factores tan coyunturales como el superávit de la Anses, no deberían ser reemplazados por los más prosaicos y efectivos subsidios por desempleo, dejando la recuperación de las empresas a las políticas productivas que hoy día, el Estado, se encuentre administrado por la izquierda o la derecha, no puede dejar de instrumentar.
El nuevo escenario. El caso Mahle Rosario es el emergente de un nuevo contexto económico y social que la Unión Industrial Argentina (UIA) intenta interpretar, asumiendo el costo político que la movida implica y afrontando las convulsiones internas que amenazaron con expulsar a directivos tan caracterizados como Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Auto, quien removió el avispero al señalar que “mientras Brasil demanda autos, acá (por Argentina) estamos lidiando para poder importar tornillos”.
Las palabras del vicepresidente quinto de la UIA tuvieron la desafortunada virtud de contrariar el rumbo que se ha propuesto seguir la central fabril bajo la conducción de Héctor Méndez, donde el reclamo de un endurecimiento de las medidas de sesgo proteccionista ocupa un lugar destacado entre los temas a tratar con el gobierno de Cristina Fernández.
Sin embargo, más allá de las diferencias conceptuales, las posiciones internas de la entidad se confunden a la hora de diagnosticar la situación actual, marcada por el progresivo deterioro de la actividad manufacturera que según el informe trimestral que elabora la Fundación Observatorio Pyme, una entidad integrada por la propia UIA, Techint y la prestigiosa Universidad de Bologna, Italia, cayó el 16,2 por ciento entre las pymes. El informe que además señala que en este sector que bien puede ser considerado como el motor de la economía, el empleo se contrajo el 10,2 por ciento, desvirtúa los datos aportados por el desacreditado Indec.
Por ejemplo, el organismo estatal intervenido por la administración kirchnerista, la actividad manufacturera cayó solamente el 2,3 por ciento, una cifra que mueve a la incredulidad no solamente por la diferencia con respecto al informe del Observatorio Pyme, sino también porque el propio Indec asegura ingenuamente que el empleo se redujo el 5 por ciento.
Más allá de estos artilugios que indudablemente quedarán grabados en la memoria de una generación completa de argentinos, la caída del nivel de actividad y del empleo es muy probable que se sostenga y hasta se incremente en los próximos trimestres, perspectiva que indudablemente plantea la necesidad imperiosa de modificar la forma en que planea refrenar los efectos de la crisis global.
Santa Fe, la provincia más afectada. Nuestra provincia es una de las más castigadas desde el punto de vista productivo porque a la caída de la actividad industrial propiciada en buena parte por la crisis global, se suma el impacto del parate del campo y los efectos devastadores que este fenómeno tiene sobre toda la cadena agroindustrial. Los números provistos por el ministerio de Trabajo de la provincia indican con claridad que Santa Fe hoy recibe el 25 por ciento de los “subsidios Repro” que se asignan en todo el país. Según la viceministra Alicia Ciciliani, “el 70 por ciento de dicha ayuda va a parar a compañías pertenecientes a los sectores metalúrgico y metalmecánico”.
Sin embargo, como indica el informe de la Fundación Observatorio Pyme, es probable que la caída aún no haya llegado hasta el fondo, como reconoce la funcionaria provincial, quien advierte que “la situación en Santa Fe es de alerta amarilla”, porque “acá se concentran los peores elementos de la crisis, como la caída en la demanda externa, el freno del campo y los problemas provocados con la sequía”.
Sin la intención de causar alarma la funcionaria binnerista admite que esa confluencia de factores recesivos hace que hoy la provincia tenga “en situación de riesgo a más de 200 empresas y casi 20 mil puestos de trabajo en suspenso”.
Frente a una perspectiva semejante queda claro que los “subsidios Repro”, la principal arma esgrimida por la administración nacional para amortiguar el peso de la crisis global, probablemente resulten insuficientes y hasta incluso contraproducentes, porque podrían implicar un desperdicio de recursos públicos que el país no se puede dar el lujo de afrontar.
Autogestión, una opción que crece. La alternativa de la autogestión, tan resistida por el empresariado durante la década pasada, no solamente ha demostrado ser una vía plausible sino también, una forma aceptada, debido en parte al criterio seguido por los gobiernos nacional y provincial a la hora de arremeter con la expropiación de instalaciones fabriles. La divisoria de aguas se ha fijado de manera razonable en la existencia de un cese definitivo de actividades, quiebra o concurso preventivo, además de la conformación de una cooperativa de trabajo como requisito indispensable.
Según José Abelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta), este criterio seguido al pie de la letra por el gobierno de Hermes Binner dio continuidad a una política iniciada durante la gestión anterior y que hasta la fecha ha permitido conservar 1.500 puestos laborales solamente en la provincia de Santa Fe.
“El principal obstáculo a la hora de autogestionar una empresa es el legal. Después le sigue la falta de capital de trabajo”, explica el dirigente a Punto Biz y detalla que una situación de quiebra o de concurso preventivo de acreedores afecta intereses de terceros que van más allá de los intereses de los propios dueños e incluso de los trabajadores.
“Lo que más nos cuesta es hacer entender a los acreedores y a la propia Justicia que los trabajadores somos los encargados de defender el activo que representa una empresa que no cierra sus puertas, sigue produciendo y vendiendo a su cartera de clientes”, afirma.
De lo contrario, cuando una empresa baja sus persianas “termina en un proceso de liquidación conocido como moneda de quiebra en el cual el activo productivo pasa a tener un valor cero. Por ejemplo, una máquina que vale 200 mil dólares se termina vendiendo en un remate a un precio vil”.
Cuando se le pregunta si el modelo de autogestión se puede aplicar a todo tipo de empresas, Abelli responde con ejemplos no solamente de nuestra provincia y país sino también del exterior. Entre los casos vernáculos menciona a Pauny Zanello que tiene el privilegio de ser la única terminal automotriz de capital nacional de la Argentina. Entre las foráneas, cita a cuatro firmas italianas de primer nivel que se encuentran ultimando detalles para invertir en nuestra región asociándose con empresas locales.
Todo indica que esta modalidad de recuperación de empresas se irá imponiendo todavía más, dado que según Abelli, en la actualidad y en nuestra provincia hay siete firmas en proceso de autogestión sumando otros 1.500 empleados.
El presidente de Fatac aprueba la utilización de fondos del Anses para rescatar a empresas en crisis, tal como aconteció hace unos días con la papelera Massuh, a la que podrían seguir otras firmas de distintos rubros de todo el país.
Incertidumbre que ahuyenta empresarios. Mientras la crisis comienza a mostrar su cara más despiadada, el rescate de empresas caídas en desgracia que se practicó hasta el momento ha seguido un patrón tan heterogéneo como incierto. Como se dijo, el Programa de Recuperación Productiva, a través del cual el Estado asiste con 600 pesos mensuales por trabajador a las empresas que se declaran en crisis, no logró revertir la tendencia recesiva que está arrastrando a una buena parte del entramado productivo provincial, especialmente las pymes industriales y agroindustriales. Ante esta perspectiva tan desalentadora, la administración nacional responde estatizando las compañías afectadas, especialmente las más grandes y que tienen un interés económico estratégico, echando mano a fondos provenientes de la Anses, o facilitando la búsqueda de un comprador, en el caso de las empresas más pequeñas.
Indudablemente la segunda salida es la más prudente, aunque en el contexto actual termina siendo la más difícil, puesto que ni siquiera la promesa de asistencia financiera estatal por espacios relativamente extensos de tiempo convence a los empresarios argentinos de hacerse cargo de los establecimientos que se encuentran paralizados. Contrariamente a lo que se cree, la crisis global no es el único factor que ahuyenta al empresariado nacional de los desafíos planteados, sino la falta de certidumbres que ofrece la política económica nacional. ¿Qué garantías puede ofrecer al empresariado una administración que si bien parece resuelta a apoyar a la producción, admite que podría abandonar el gobierno si pierde la mayoría en el Congreso?
Por otro lado, más allá de la triste coyuntura, sin llegar a extremos ultraliberales, queda claro que una economía subsidiada y altamente ineficiente que Rattazzi rechazó apelando a la vieja frase que aconseja “vivir con lo nuestro”, no parece ser el camino apropiado para que las empresas argentinas logren ser sustentables a través del tiempo y de los gobiernos.
