El cierre de la planta fabril que el grupo posee en Rosario no debió tomar por sorpresa al poder político que no quiso o no supo ver las señales que vienen anticipando el problema desde hace aproximadamente dos años
A mediados de 2007, tres meses después de concretada la transferencia de Edival, el bloque oficialista del Concejo Municipal de Rafaela amagó con intervenir y solicitar a Mahle que diera a conocer sus planes de negocios para la región. Se trataba de una iniciativa tan comprometida como prudente, ya que el desembarco del grupo germano se había concretado de manera excesivamente hermética y la única información disponible sobre el futuro de la planta industrial y del millar de puestos de trabajo que de ella dependen, provenían de fuentes indirectas. Sin embargo, la iniciativa que revelada en exclusiva por este periodista a través de un matutino rafaelino, naufragó de manera prematura, muy presumiblemente por una orden expresa del intendente Omar Perotti, quien no supo o no quiso ver el problema que se estaba gestando y que hoy sale a la luz con el cierre de las instalaciones de Rosario.
La falta de información oficial sobre los planes del grupo germano no hacía más que multiplicar las versiones sobre probables ajustes, cierres de establecimientos fabriles y despidos de personal, aunque para los rafaelinos había una preocupación adicional, puesto que se temía que en su afán expansivo, Mahle desplegara una guerra comercial contra la otra proveedora de válvulas para motor, algo que la hubiera beneficiado pero que hubiera resultado muy negativa para la comunidad.
Los intentos nunca desmentidos por adquirir a su competidora no solamente en el mercado doméstico sino también global, daba mayor entidad a la inquietud que el intendente Perotti y sus colaboradores se empeñaron en ignorar, frustrando la convocatoria que el Concejo Municipal rafaelino, a instancias del bloque oficialista, planeaba formular a ejecutivos de alto rango del grupo alemán para que explicaran qué pensaban hacer.
La indiferencia hacia el problema que se estaba gestando no fue exclusividad de las autoridades políticas rafaelinas: la presencia en territorio provincial de dos plantas pertenecientes al grupo Mahle de las cuales dependen en forma directa casi 2 mil puestos de trabajo, hubiera bastado para que el gobierno provincial interviniera en el asunto, aunque recién lo hizo a través de la secretaría de Trabajo, cuando los despidos y ajustes hicieron que fuera imposible que siguiera manteniéndose al margen.
No debe dejarse de mencionar, sin embargo, el fugaz contacto que mantuvo en agosto de 2008 en Rafaela el gobernador Hermes Binner con delegados gremiales de la planta rosarina que perteneciera a Dana y que hoy Mahle pretende cerrar, toda una excepción en esta larga cadena de desatinos cometidos por el poder político.
Cuando se concretó el traspaso de la ex Edival al grupo germano no faltaron quienes se apresuraron en presentar el caso como una muestra más de la fortaleza de la industria rafaelina capaz de “atraer a inversores de primer nivel mundial”, sin advertir que este en realidad se proponía quitar del mercado global a un molesto competidor, circunscribiéndolo al mercado latinoamericano y sometiéndolo a los dictados y necesidades de la filial de Brasil.
La “cuestión Mahle”, como se la denomina ahora en círculos políticos y empresariales, deja una enseñanza que no por repetida suele ser atendida: la adquisición de empresas nacionales no puede ser tomada livianamente, sino que merece toda la atención de parte del Estado en cada uno de sus niveles.
La falta de información oficial sobre los planes del grupo germano no hacía más que multiplicar las versiones sobre probables ajustes, cierres de establecimientos fabriles y despidos de personal, aunque para los rafaelinos había una preocupación adicional, puesto que se temía que en su afán expansivo, Mahle desplegara una guerra comercial contra la otra proveedora de válvulas para motor, algo que la hubiera beneficiado pero que hubiera resultado muy negativa para la comunidad.
Los intentos nunca desmentidos por adquirir a su competidora no solamente en el mercado doméstico sino también global, daba mayor entidad a la inquietud que el intendente Perotti y sus colaboradores se empeñaron en ignorar, frustrando la convocatoria que el Concejo Municipal rafaelino, a instancias del bloque oficialista, planeaba formular a ejecutivos de alto rango del grupo alemán para que explicaran qué pensaban hacer.
La indiferencia hacia el problema que se estaba gestando no fue exclusividad de las autoridades políticas rafaelinas: la presencia en territorio provincial de dos plantas pertenecientes al grupo Mahle de las cuales dependen en forma directa casi 2 mil puestos de trabajo, hubiera bastado para que el gobierno provincial interviniera en el asunto, aunque recién lo hizo a través de la secretaría de Trabajo, cuando los despidos y ajustes hicieron que fuera imposible que siguiera manteniéndose al margen.
No debe dejarse de mencionar, sin embargo, el fugaz contacto que mantuvo en agosto de 2008 en Rafaela el gobernador Hermes Binner con delegados gremiales de la planta rosarina que perteneciera a Dana y que hoy Mahle pretende cerrar, toda una excepción en esta larga cadena de desatinos cometidos por el poder político.
Cuando se concretó el traspaso de la ex Edival al grupo germano no faltaron quienes se apresuraron en presentar el caso como una muestra más de la fortaleza de la industria rafaelina capaz de “atraer a inversores de primer nivel mundial”, sin advertir que este en realidad se proponía quitar del mercado global a un molesto competidor, circunscribiéndolo al mercado latinoamericano y sometiéndolo a los dictados y necesidades de la filial de Brasil.
La “cuestión Mahle”, como se la denomina ahora en círculos políticos y empresariales, deja una enseñanza que no por repetida suele ser atendida: la adquisición de empresas nacionales no puede ser tomada livianamente, sino que merece toda la atención de parte del Estado en cada uno de sus niveles.
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