El gobierno kirchnerista está dispuesto a causar el mayor daño posible en su retirada. El fenómeno no es nuevo y los argentinos ya lo vivimos a fines de la década pasada, cuando el menemismo dejó el poder. De una impostada vocación de diálogo, en apenas unas semanas, el matrimonio presidencial pasó a la confrontación extrema, recordando los tiempos más violentos que vivió el país.
A tres meses del recambio que dejará al oficialismo sin mayoría, la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso un nuevo proyecto de ley de radiodifusión que si bien pretende limitar el accionar de monopolios u oligopolios, incrementa la intervención del Estado sobre los medios de comunicación con el consecuente impacto que una postura semejante tendrá sobre la libertad de expresión.
Solamente en la afiebrada cabeza de la presidenta, su esposo y el reducido grupo de funcionarios incondicionales que todavía los acompañan, cabe la idea de que una reforma que podrá ser legal pero no legítima, ya que la sociedad se expidió con claridad en las urnas, tiene posibilidades no solamente de prosperar sino lo más importante aún, de perdurar a través del tiempo.
Según fuentes parlamentarias, el Poder Ejecutivo pretende que el proyecto sea aprobado lo más rápido posible, eludiendo comisiones de trabajo legislativo cruciales como las de Libre Expresión o Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo no tiene garantizadas las mayorías necesarias, incurriendo en un vicio de origen que tendrá consecuencias inevitables en el futuro próximo.
El proyecto oficialista tampoco regulariza la distribución de la pauta oficial de publicidad, manejada de manera arbitraria y fraudulenta, tal como demuestran las denuncias existentes contra el funcionario a cargo de este tema y la transferencia de enormes cantidades de fondos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para costear la televisación del torneo de fútbol profesional.
Queda claro que la iniciativa apunta no solamente a debilitar al Grupo Clarín sino a controlar a la prensa independiente, adoptando un modelo similar al que se está siguiendo en la convulsionada Venezuela del presidente Hugo Chávez.
El problema de fondo, sin embargo, sigue siendo la ilegitimidad de un gobierno que perdió el respaldo popular que obtuvo hace menos de dos años para delinear una iniciativa de largo aliento que tendrá indudables efectos sobre la vida institucional, sin el consenso necesario, tal como por ejemplo señaló la Unión Cívica Radical en un comunicado distribuido en el día de hoy y que, entre otras cosas, advierte que “pone en jaque a la democracia doblegando libertades al mejor estilo chavista, con medios de rodillas replicantes del discurso oficial”.
A tres meses del recambio que dejará al oficialismo sin mayoría, la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso un nuevo proyecto de ley de radiodifusión que si bien pretende limitar el accionar de monopolios u oligopolios, incrementa la intervención del Estado sobre los medios de comunicación con el consecuente impacto que una postura semejante tendrá sobre la libertad de expresión.
Solamente en la afiebrada cabeza de la presidenta, su esposo y el reducido grupo de funcionarios incondicionales que todavía los acompañan, cabe la idea de que una reforma que podrá ser legal pero no legítima, ya que la sociedad se expidió con claridad en las urnas, tiene posibilidades no solamente de prosperar sino lo más importante aún, de perdurar a través del tiempo.
Según fuentes parlamentarias, el Poder Ejecutivo pretende que el proyecto sea aprobado lo más rápido posible, eludiendo comisiones de trabajo legislativo cruciales como las de Libre Expresión o Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo no tiene garantizadas las mayorías necesarias, incurriendo en un vicio de origen que tendrá consecuencias inevitables en el futuro próximo.
El proyecto oficialista tampoco regulariza la distribución de la pauta oficial de publicidad, manejada de manera arbitraria y fraudulenta, tal como demuestran las denuncias existentes contra el funcionario a cargo de este tema y la transferencia de enormes cantidades de fondos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para costear la televisación del torneo de fútbol profesional.
Queda claro que la iniciativa apunta no solamente a debilitar al Grupo Clarín sino a controlar a la prensa independiente, adoptando un modelo similar al que se está siguiendo en la convulsionada Venezuela del presidente Hugo Chávez.
El problema de fondo, sin embargo, sigue siendo la ilegitimidad de un gobierno que perdió el respaldo popular que obtuvo hace menos de dos años para delinear una iniciativa de largo aliento que tendrá indudables efectos sobre la vida institucional, sin el consenso necesario, tal como por ejemplo señaló la Unión Cívica Radical en un comunicado distribuido en el día de hoy y que, entre otras cosas, advierte que “pone en jaque a la democracia doblegando libertades al mejor estilo chavista, con medios de rodillas replicantes del discurso oficial”.
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