Cómo afectará a Sunchales la nueva Ley de Radiodifusión

La denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Gobierno pretende sancionar antes de fin de año provocará grandes cambios en la teleradiodifusión del país, incluido Sunchales. Los puntos más preocupantes de la iniciativa son la sugestiva ausencia de la figura del pequeño radiodifusor privado en el proyecto, una cuestión que en caso de no ser subsanada durante el sumarísimo trámite parlamentario que se le está dando, podría provocar la desaparición de emisoras con más de una década de trayectoria; y la posibilidad de que el Municipio acceda a una licencia, hecho que según fuentes confiables, la administración vecinalista ya vislumbra como una alternativa de interés.
La exclusión de los pequeños radiodifusores privados e independientes ya levantó polémica en la vecina provincia de Buenos Aires, donde la Asociación de Radios Licenciatarias Independientes (ARLIBA) viene solicitando el reconocimiento de las denominadas radios de gestión local que paradójicamente no se encuentran contempladas en el proyecto de ley que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso.
Hace unas semanas la entidad que nuclea a cientos de pequeñas emisoras radiales privadas e independientes del interior de la provincia de Buenos Aires advirtió que el proyecto kirchnerista ni siquiera menciona en ninguno de sus más de 150 artículos las palabras “radios” y “periodistas”, una desprolijidad inadmisible que aún no fue subsanada.
A través de un comunicado los pequeños radiodifusores independientes y privados criticaron la falta de consideración del Gobierno hacia cientos de emisoras que desde hace años se esfuerzan para brindar servicios de información esenciales a las comunidades del interior, compitiendo de manera desigual con las grandes cadenas nacionales.
El caso planteado por ARLIBA se ajusta también a Santa Fe y el resto de las provincias argentinas, donde las pequeñas emisoras de gestión local, en caso de que se apruebe el proyecto oficialista, deberán hacer frente a una creciente competencia desigual frente a gobiernos municipales y cooperativas de servicios públicos.
En efecto, el proyecto de ley que está siendo tratado en el Congreso prevé la división del espectro radiofónico en tercios, facilitando el ingreso del Estado y de entidades no gubernamentales, entre ellas las cooperativas y empresas de servicios públicos, a costa de una reducción de la participación de las empresas periodísticas.
ARLIBA alertó sobre los efectos negativos que tendría esta modificación sobre las emisoras de gestión local y las fuentes de trabajo que estas brindan desde hace años y solicitó que la posibilidad de que los municipios y las cooperativas de servicios públicos sean excluidas en ciudades de escasa densidad demográfica.

Trinchieri y el sueño de la radio propia. Fuentes bien informadas señalaron que la administración vecinalista ve con buenos ojos la posibilidad de contar con una emisora radial propia e incluso ya habría establecido contactos con las áreas competentes del Gobierno nacional para avanzar con dicha idea. Si bien se trata de una versión extraoficial no sorprendería que el intendente Trinchieri considerara la alternativa de contar con un medio de comunicación gubernamental ya que históricamente utilizó todos los elementos a su alcance para intentar manipular los contenidos de los medios privados, estableciendo sistemas de premios y castigos que, salvando las distancias, no tienen nada que enviarle a la política discriminatoria que lleva adelante el gobierno kirchnerista en materia de distribución de publicidad oficial.
Si bien la posibilidad de silenciar críticas periodísticas siempre fue una obsesión para Trinchieri, en su cuarta gestión al frente de la intendencia montó una estructura propagandística que no tiene precedentes en la historia de la ciudad, creando una subsecretaría que cuenta con una gran cantidad de recursos oficiales y no oficiales para influir en los medios de comunicación locales.

Al modo chavista, el kirchnerismo quiere acallar a la prensa

El gobierno kirchnerista está dispuesto a causar el mayor daño posible en su retirada. El fenómeno no es nuevo y los argentinos ya lo vivimos a fines de la década pasada, cuando el menemismo dejó el poder. De una impostada vocación de diálogo, en apenas unas semanas, el matrimonio presidencial pasó a la confrontación extrema, recordando los tiempos más violentos que vivió el país.
A tres meses del recambio que dejará al oficialismo sin mayoría, la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso un nuevo proyecto de ley de radiodifusión que si bien pretende limitar el accionar de monopolios u oligopolios, incrementa la intervención del Estado sobre los medios de comunicación con el consecuente impacto que una postura semejante tendrá sobre la libertad de expresión.
Solamente en la afiebrada cabeza de la presidenta, su esposo y el reducido grupo de funcionarios incondicionales que todavía los acompañan, cabe la idea de que una reforma que podrá ser legal pero no legítima, ya que la sociedad se expidió con claridad en las urnas, tiene posibilidades no solamente de prosperar sino lo más importante aún, de perdurar a través del tiempo.
Según fuentes parlamentarias, el Poder Ejecutivo pretende que el proyecto sea aprobado lo más rápido posible, eludiendo comisiones de trabajo legislativo cruciales como las de Libre Expresión o Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo no tiene garantizadas las mayorías necesarias, incurriendo en un vicio de origen que tendrá consecuencias inevitables en el futuro próximo.
El proyecto oficialista tampoco regulariza la distribución de la pauta oficial de publicidad, manejada de manera arbitraria y fraudulenta, tal como demuestran las denuncias existentes contra el funcionario a cargo de este tema y la transferencia de enormes cantidades de fondos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para costear la televisación del torneo de fútbol profesional.
Queda claro que la iniciativa apunta no solamente a debilitar al Grupo Clarín sino a controlar a la prensa independiente, adoptando un modelo similar al que se está siguiendo en la convulsionada Venezuela del presidente Hugo Chávez.
El problema de fondo, sin embargo, sigue siendo la ilegitimidad de un gobierno que perdió el respaldo popular que obtuvo hace menos de dos años para delinear una iniciativa de largo aliento que tendrá indudables efectos sobre la vida institucional, sin el consenso necesario, tal como por ejemplo señaló la Unión Cívica Radical en un comunicado distribuido en el día de hoy y que, entre otras cosas, advierte que “pone en jaque a la democracia doblegando libertades al mejor estilo chavista, con medios de rodillas replicantes del discurso oficial”.