La tensión parece haberse disipado y las aseguradoras de riesgos del trabajo –incluida Prevención- aguardan con optimismo la firma de una serie de decretos correctivos del sistema que ya fueron consensuados entre el Gobierno, la CGT y la UIA y que, entre otras cosas, disponen la actualización de los topes en los montos indemnizatorios. Para Edgardo Bovo, gerente de Prevención ART, del Grupo Sancor Seguros, está claro que “en el corto plazo no habrá nueva ley, aunque si una serie de decretos del Poder Ejecutivo que permitirán zanjar algunos obstáculos como el incremento de los topes para las indemnizaciones”.
Consultado por punto biz, el ejecutivo sunchalense dijo que “si bien estos decretos no solucionarán en forma definitiva la creciente litigiosidad, la apaciguarán parcialmente e impondrán justicia en lo referido a la actualización de los topes indemnizatorios, un reclamo que hay que aclarar que las aseguradoras formulamos en repetidas oportunidades”. Al respecto señaló que “para Prevención, incluso no debería haber topes y el que está en 180 mil pesos y será llevado a 540 mil, podría no existir”.
Asimismo afirmó que coincide con la Unión Industrial Argentina con que los decretos esperados “no solucionan en forma definitiva el problema de los riesgos del trabajo, aunque sirven para remediar algunos de sus convenientes en el mediano plazo”. Para corregir las desviaciones del sistema “habría que sancionar una nueva ley que cuente con el consenso y el aval necesario de todas las partes para evitar cualquier cuestionamiento de la Corte Suprema de Justicia”.
“Si hubiera voluntad política en todos los actores, es decir, no solamente en el Gobierno, incluidos sus tres poderes, sino también en los empresarios, los sindicatos y los aseguradores, esto sería muy factible de lograr, más allá de la lógica puja de intereses”, reflexionó.
Cuando se le preguntó cuánto falta para que el Congreso sancione la nueva ley, Bovo reconoció que “aún estamos lejos, en una reunión de la cual participé, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, fue muy claro al decir que este año no se modificará la ley porque no hubo consenso y no se pudieron zanjar las diferencias existentes entre las partes”.
Posibilidad latente. La estatización del sistema, si bien es una posibilidad, está lejos de ser adoptada. Al respecto Bovo recordó que durante una de las últimas reuniones el ministro Tomada aclaró que la Presidenta, cuando advirtió que si no se llegaba a un acuerdo debería intervenir el Estado, en realidad se refirió a los decretos que esta semana o la próxima podría firmar. Para el ejecutivo también hay que recordar que con el sistema anterior al establecido por la ley 24.557 “los trabajadores que se accidentaban no eran atendidos por el seguro y si lo eran, recibían una atención pésima”.
Con respecto a la posibilidad de que el mercado se abra a nuevos actores como mutuales y sindicatos, señaló que “nos parece saludable la competencia y bienvenido sean todos aquellos operadores que quieran ingresar al mercado. No estamos en contra de la competencia, incluso a través de mutuales como ocurre en países como Chile y España”.
Consultado por punto biz, el ejecutivo sunchalense dijo que “si bien estos decretos no solucionarán en forma definitiva la creciente litigiosidad, la apaciguarán parcialmente e impondrán justicia en lo referido a la actualización de los topes indemnizatorios, un reclamo que hay que aclarar que las aseguradoras formulamos en repetidas oportunidades”. Al respecto señaló que “para Prevención, incluso no debería haber topes y el que está en 180 mil pesos y será llevado a 540 mil, podría no existir”.
Asimismo afirmó que coincide con la Unión Industrial Argentina con que los decretos esperados “no solucionan en forma definitiva el problema de los riesgos del trabajo, aunque sirven para remediar algunos de sus convenientes en el mediano plazo”. Para corregir las desviaciones del sistema “habría que sancionar una nueva ley que cuente con el consenso y el aval necesario de todas las partes para evitar cualquier cuestionamiento de la Corte Suprema de Justicia”.
“Si hubiera voluntad política en todos los actores, es decir, no solamente en el Gobierno, incluidos sus tres poderes, sino también en los empresarios, los sindicatos y los aseguradores, esto sería muy factible de lograr, más allá de la lógica puja de intereses”, reflexionó.
Cuando se le preguntó cuánto falta para que el Congreso sancione la nueva ley, Bovo reconoció que “aún estamos lejos, en una reunión de la cual participé, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, fue muy claro al decir que este año no se modificará la ley porque no hubo consenso y no se pudieron zanjar las diferencias existentes entre las partes”.
Posibilidad latente. La estatización del sistema, si bien es una posibilidad, está lejos de ser adoptada. Al respecto Bovo recordó que durante una de las últimas reuniones el ministro Tomada aclaró que la Presidenta, cuando advirtió que si no se llegaba a un acuerdo debería intervenir el Estado, en realidad se refirió a los decretos que esta semana o la próxima podría firmar. Para el ejecutivo también hay que recordar que con el sistema anterior al establecido por la ley 24.557 “los trabajadores que se accidentaban no eran atendidos por el seguro y si lo eran, recibían una atención pésima”.
Con respecto a la posibilidad de que el mercado se abra a nuevos actores como mutuales y sindicatos, señaló que “nos parece saludable la competencia y bienvenido sean todos aquellos operadores que quieran ingresar al mercado. No estamos en contra de la competencia, incluso a través de mutuales como ocurre en países como Chile y España”.
Indiferencia provincial. A diferencia de otras provincias, Santa Fe tiene tres grandes aseguradoras de riesgos del trabajo: Prevención, del Grupo Sancor Seguros, con sede en Sunchales; La Segunda ART del grupo del mismo nombre y Asociart de San Cristóbal, estas dos últimas radicadas en Rosario. A pesar de la importancia que tiene el sector para la economía santafesina, según reconoció el ejecutivo sunchalense, hasta ahora ningún miembro del Gobierno provincial ofreció su colaboración para defender los centenares de puestos de trabajo que podría poner en riesgo una eventual estatización del sistema. “Desde que comenzó a barajarse la posibilidad de una estatización nos pusimos en contacto con todos los funcionarios y legisladores provinciales que pudimos para obtener su apoyo pero hasta ahora no recibimos respuesta de ninguno”, reconoció.
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