Una muestra de legítima expresión

“El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”, dice el artículo 22 de nuestra Carta Magna, dejando en claro que nuestro país tiene una forma de gobierno representativa, republicana y federal.
La denominada democracia indirecta consagrada en la Constitución de 1853 y atenuada en 1994 mediante la incorporación de mecanismos directos de participación ciudadana como la iniciativa y la consulta populares, en principio no dejaría espacio a manifestaciones como las que dieron lugar a la Mesa Ejecutiva de Seguridad y a la Proclama de Sunchales, aunque como se verá y por varias razones, esto no es así del todo. En primer lugar porque la convocatoria fue lanzada por una reconocida institución local, el Centro Comercial, Industrial y de la Producción, con el objetivo declarado de defender a sus asociados, muchos de los cuales son víctima de la inseguridad creciente que padece la ciudad y del interés general de la comunidad.
Las autoridades de esta institución comprendieron que el problema se le va de las manos a la administración municipal y resolvieron lanzar una convocatoria pública para que los ciudadanos debatan libre y legítimamente sobre las alternativas a seguir para obtener las respuestas que evidentemente sus representantes gubernamentales hoy no les pueden dar.
Como se ve, la asamblea popular contra la inseguridad está muy lejos de constituir un acto de sedición sino todo lo contrario, es una muestra legítima de expresión ciudadana y por consiguiente de consolidación institucional.
Tal circunstancia obviamente no habilita a los miembros de la conformada Mesa Ejecutiva de Seguridad –una suerte de órgano paralelo al gubernamental- a solicitar e incluso impulsar medidas que afectan derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional, como por ejemplo, tal como señala la concejala Cecilia Ghione en esta misma edición, averiguar los antecedentes de todas las personas que visitan la ciudad.
Esta medida no solamente es anticonstitucional sino también impracticable y hasta caprichosa, puesto que no pocos de quienes delinquen son oriundos o residen en forma permanente en Sunchales.
Con todo, la denominada Proclama de Sunchales, con sus aciertos y errores, representa no sólo una forma válida de expresión ciudadana, sino también un llamado de atención hacia las autoridades gubernamentales, tanto municipales como provinciales y la fuerza pública de seguridad.
¿Cómo es posible que la cantidad de ciudadanos que acudió a la convocatoria del Centro Comercial haya sido cuarenta o cincuenta veces superior a la que asiste a los encuentro de la junta gubernamental de seguridad? Indudablemente esta última, cuyo responsable máximo es el intendente Oscar Trinchieri, no goza del crédito necesario por parte de los ciudadanos porque además de inoperante parece no tener la capacidad de escucharlos.